De acuerdo a
la Constitución, la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil,
cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes del país convivan en paz.
Desafortunadamente
con el auge de la violencia, grupos armados ilegales, el narcotráfico y actos
terroristas se desnaturalizó la Policía, puesto que se vio obligada al amparo
de las armas y actitudes propias de la táctica militar para cumplir con su
función primordial de asegurar a los colombianos que convivan en paz, lo que se
ve amenazado con la perturbación del orden púbico por los diferentes factores
generadores de violencia.
A partir de
esta situación vemos como se desestabiliza la Policía y es obligada a cargar
armamento largo y de apoyo, crear grupos especiales contra los grupos al margen
de la ley, el secuestro y el narcotráfico, lo que lo convierte en otra fuerza
militar de combate.
Esta dualidad
constitucional y jurídica, con la realidad del país, ha puesto a la entidad en
el ojo del huracán, ya que se han convertido en blanco de acciones terroristas
por parte de los grupos ilegales, sin contar con que algunos de sus integrantes
se han visto envueltos en acciones por fuera de la ley, casos de corrupción y
operativos donde el exceso de fuerza ha predominado, desdibujando la imagen de
la institución ante los colombianos.
Además de
ello, los honorables congresistas dando cumplimiento a sus funciones
constitucionales de legislar han creado leyes que restringen cada vez más las
libertades, empoderando a la Policía con funciones como el ingreso a un
inmueble o el arresto a una persona sin una orden judicial, lo que ha desatado
olas de detracciones a la entidad porque según esto aumentaría los casos de
corrupción y atropellos a la población civil.
Ahora bien,
con la implementación del nuevo Código de Policía, la publicitada multa a un
comprador de empanada se ha convertido en la gota que rebosó la paciencia y
consideración de los colombianos con la institución, la cual ha sido objetos de
críticas, burlas e insultos por las redes sociales, creando un ambiente de
inconformismo, desconfianza y aversión contra los agentes policiales.
Es de entender
el repudio de los colombianos ante esta sanción que a simple vista parece
injusta e insólita (¿multar a una persona con $800.000 por comprar una empanada
en la calle?), pero también es cierto que esto no es culpa de nuestros agentes
de policía, sino del nuevo Código de Policía que sanciona esta conducta.
Creo que
debemos desarmar nuestros corazones, mirar más allá de los casos aislados que
empañan la institución. También debemos valorar, apreciar y reconocer la gran
labor que prestan nuestros policías, los cuales abandonan sus familias para
brindarnos una convivencia en paz y bajo seguridad.
No es justo
que tengamos que vivir circunstancias atroces y desquiciadas como el carro
bomba en la escuela de cadetes, secuestros, plan pistolas y masacres para
solidarizarnos con nuestros agentes del orden, para reconocerles su abnegable y
plausible labor. Debemos ser conscientes de que como institución tienen una
línea de mando que deben cumplir.
En vez de buscar culpables en nuestros agentes
de policía y encaminar todo nuestro desacuerdo en ellos, debemos demandar como
inconstitucionales todos los artículos del Código de Policía que atenten contra
nuestra Constitución, además de reclamar y castigar a nuestros honorables
congresistas por legislar en contra del pueblo.
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