Nuestra Constitución
política en su artículo 40 garantiza: “Todo
ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político” para hacer efectivo este derecho puede escoger
entre otros mecanismos: elegir y ser elegido.
Este derecho fundamental que
nos brinda la Constitución para acceder al sistema democrático ha sido
vulnerado a través de la historia por la clase dirigente, que –valiéndose del
poder del dinero y con argucias– ha orquestado la violación de los mecanismos
de participación democrática, cerrado la puerta de acceso a los cargos de
elección popular a las clases menos favorecidas.
Es común ver en cada
elección popular el constreñimiento, fraude y corrupción del sufragante, así mismo la trampa en la
inscripción de cédulas o el voto fraudulento con el que garantizan que los
caciques políticos no pierdan sus curules en las elecciones populares y sigan
gobernando e imponiendo a los mandatarios a nivel municipal y departamental.
Paradójicamente, son esos mismos congresistas, quienes en muchas ocasiones
realizaron y efectuaron estos actos delictivos para la consecución de sus
curules, los encargados de crear las leyes que combaten estos delitos y buscan
“erradicar estas prácticas nefastas para la democracia de nuestro país.
En este propósito, nuestros honorables padres de la patria crearon la Ley
Estatutaria 1475 de 2.011 más conocida como Reforma Política, con la que
pretendieron adoptar reglas para la organización y funcionamiento de los
partidos políticos y los procesos electorales, pero se convirtió en letra
muerta ya que los partidos políticos en muchos casos obviaron y no le dieron
cumplimiento, ya que los mecanismos de escogencia de candidatos y el
otorgamiento de avales son manipulados por ellos lo que imposibilita la llegada
de la clase menos favorecida a estos escenarios.
Sumado a esto, la alianza macabra entre políticos y grupos al margen de la ley
obstruyó la puerta para que el acceso a los cargos de elección popular fuera
democrático y, por el contrario, lo convirtió en el privilegio de unos pocos,
los cuales con el poder del dinero, la intimidación o la fuerza, impusieron sus
nombres para ser los representantes del constituyente primario.
El panorama en vez de aclararse, cada día se ensombrece más, ya que al conocer la Reforma presentada por el Presidente Juan Manuel Santos denominada Equilibrio de Poderes,
encontramos que suprimirán el sistema de listas con voto
preferente para las elecciones de corporaciones públicas.
Esto quiere decir que para estas corporaciones las listas se constituirán
cerradas y los colombianos votaremos por los partidos, más no por candidatos,
es de imaginarse que si con listas abiertas (donde
podemos elegir por intermedio del voto preferente a la o las personas que nos
representarán), se presentan dificultades y obstáculos para las
aspiraciones de personas de los estratos populares, como será la talanquera en
las listas cerradas.
Bajo esta perspectiva el derecho a ser elegido en Colombia es un sofisma, toda
vez que en la práctica es un derecho para unos pocos.
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