En nuestro país últimamente se está
volviendo costumbre que grandes figuras públicas que han ostentado una dignidad
en el Estado evadan la Justicia.
A pesar de que existan procesos e inclusive condenas en su contra, estos personajes pueden eludir el instrumento constitucional y jurídico que tutela los intereses legítimos socialmente relevantes como son los procesos judiciales.
Es triste y vergonzoso que grandes personalidades de la vida política nacional no puedan ser juzgados y peor aún que se les deba en muchos casos nombrar defensores de oficio ya que aseguran no contar con el dinero suficiente para costear su abogado aunque sus procesos sean por detrimento contra el erario o delitos contra el patrimonio económico del Estado.
Ya es común que los colombianos escuchemos que la señora María del Pilar Hurtado –quien es investigada por seguimientos ilegales que se realizaron a magistrados de la Corte Suprema, periodistas, opositores y organizaciones de derechos humanos durante el gobierno de Álvaro Uribe–, se encuentre tranquila y sin preocupaciones en Panamá; mientras sus víctimas exigen justicia y sus cómplices paradójicamente soliciten respeto a su condición de oposición.
También es usual que Luis Carlos Restrepo –investigado por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización de 62 guerrilleros pertenecientes al Frente Cacica la Gaitana de las FARC en 2006, quién además se dice que ofreció dinero a cambio de hacerse pasar por combatientes e incluso les repartió armas falsas para que las entregaran durante la diligencia–, el estado y la justicia colombiana desconozca su paradero mientras que sus copartidarios y amigos critiquen y bombardeen a diario el proceso de paz que el gobierno hace con la guerrilla.
Asimismo es inaudito que Andrés Felipe Arias condenado a 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro haya salido del país sin que ni siquiera su escolta se dé por enterado y ahora disfrute de los placeres del país del tío Sam, mientras nuestros campesinos viven momentos difíciles por falta de recursos para contrarrestar la problemática del campo.
Y qué decir de la Excontralora Sandra Morelli a quien la Fiscalía le imputará cargos por irregularidades en la firma del contrato de arrendamiento de la nueva sede de esa entidad y quien a través de los diversos medios aseguro que le daría la cara a la justicia, pero aprovechándose la buena fe del nuevo contralor y un descuido de la justicia decidió viajar a Italia para eludir el proceso que se lleva en su contra.
Esta costumbre deja un sin sabor y lleva un mal mensaje a la comunidad en general, a pesar de que en Colombia el Proceso Penal Acusatorio es orientado por unos principios rectores que consagran la filosofía y orientación del mismo. Generalmente estos se encuentran señalados de manera expresa o tácita en nuestra Constitución política e incluidos en el Código de Procedimiento Penal para lograr la eficiencia del sistema y la transparencia del Proceso penal.
Estos personajes, quienes en su momento se creían los adalides de la honestidad, transparencia y la justicia, son quienes ahora acusan el sistema judicial de no actuar bajo los principios de Transparencia, Independencia y Libertad, para ocultar sus fechorías e indebidas actuaciones que atentan contra la moral, ética y la administración pública. Como dice el viejo adagio popular: ¿Será que la justicia es para los de Ruana?.
A pesar de que existan procesos e inclusive condenas en su contra, estos personajes pueden eludir el instrumento constitucional y jurídico que tutela los intereses legítimos socialmente relevantes como son los procesos judiciales.
Es triste y vergonzoso que grandes personalidades de la vida política nacional no puedan ser juzgados y peor aún que se les deba en muchos casos nombrar defensores de oficio ya que aseguran no contar con el dinero suficiente para costear su abogado aunque sus procesos sean por detrimento contra el erario o delitos contra el patrimonio económico del Estado.
Ya es común que los colombianos escuchemos que la señora María del Pilar Hurtado –quien es investigada por seguimientos ilegales que se realizaron a magistrados de la Corte Suprema, periodistas, opositores y organizaciones de derechos humanos durante el gobierno de Álvaro Uribe–, se encuentre tranquila y sin preocupaciones en Panamá; mientras sus víctimas exigen justicia y sus cómplices paradójicamente soliciten respeto a su condición de oposición.
También es usual que Luis Carlos Restrepo –investigado por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización de 62 guerrilleros pertenecientes al Frente Cacica la Gaitana de las FARC en 2006, quién además se dice que ofreció dinero a cambio de hacerse pasar por combatientes e incluso les repartió armas falsas para que las entregaran durante la diligencia–, el estado y la justicia colombiana desconozca su paradero mientras que sus copartidarios y amigos critiquen y bombardeen a diario el proceso de paz que el gobierno hace con la guerrilla.
Asimismo es inaudito que Andrés Felipe Arias condenado a 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro haya salido del país sin que ni siquiera su escolta se dé por enterado y ahora disfrute de los placeres del país del tío Sam, mientras nuestros campesinos viven momentos difíciles por falta de recursos para contrarrestar la problemática del campo.
Y qué decir de la Excontralora Sandra Morelli a quien la Fiscalía le imputará cargos por irregularidades en la firma del contrato de arrendamiento de la nueva sede de esa entidad y quien a través de los diversos medios aseguro que le daría la cara a la justicia, pero aprovechándose la buena fe del nuevo contralor y un descuido de la justicia decidió viajar a Italia para eludir el proceso que se lleva en su contra.
Esta costumbre deja un sin sabor y lleva un mal mensaje a la comunidad en general, a pesar de que en Colombia el Proceso Penal Acusatorio es orientado por unos principios rectores que consagran la filosofía y orientación del mismo. Generalmente estos se encuentran señalados de manera expresa o tácita en nuestra Constitución política e incluidos en el Código de Procedimiento Penal para lograr la eficiencia del sistema y la transparencia del Proceso penal.
Estos personajes, quienes en su momento se creían los adalides de la honestidad, transparencia y la justicia, son quienes ahora acusan el sistema judicial de no actuar bajo los principios de Transparencia, Independencia y Libertad, para ocultar sus fechorías e indebidas actuaciones que atentan contra la moral, ética y la administración pública. Como dice el viejo adagio popular: ¿Será que la justicia es para los de Ruana?.
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