A ROBAR SE DIJO

Diariamente vemos con preocupación cómo la corrupción gana espacio en nuestro país. Según informe de la Contraloría General de la Republica, en el primer semestre de 2016 se detectaron 209 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $92.912 millones de pesos en los recursos de regalías, lo que nos sugiere que los dineros destinados a la mejora de las condiciones de vida de los colombianos no se invierten como deben ser.

Sumado a esto vemos cómo el robo de celulares, los atracos y ataques con ácido se han incrementado, lo que plantea la necesidad de endurecer las penas para combatir estos flagelos que atentan con el bienestar y tranquilidad de la ciudadanía y se ha convertido en un problema social en el país.

Sin embargo, pese al aumento de la delincuencia y el aumento de casos de corrupción que desangran las entidades territoriales, nos encontramos que el gobierno nacional ha presentado un proyecto de Ley denominado “Ley de Primeras Casusas” que no es otra cosa que establecer mediante ley de la República que 79 delitos  -como hurtos, estafas que no superen los 103 millones de pesos en su defraudación- sean considerados contravenciones. Esto permitiría que no fueran detenidos en centros carcelarios y peor aún, la iniciativa daría vía libre para que sindicados y condenados por atraco, robo de celulares y ataques de ácido quedaran en libertad.

Muy respetuosamente estoy en total desacuerdo con este proyecto de ley, puesto que estaríamos invitando los delincuentes a seguir delinquiendo y escudarse en que su delito no supera los 103 millones de pesos. El legislativo no puede permitir que al delincuente se le brinde prerrogativas para que siga azotando a los colombianos de bien.

Por el contrario, el Estado debe brindar garantías al colombiano honesto y trabajador de que su seguridad, integridad y tranquilidad no van a ser violentadas por culpa de leyes que hacen apología al delito y permiten la defraudación de los dineros públicos.

Si los honorables congresistas aprueban este proyecto de Ley, estarían enviando un mensaje errado a la sociedad colombiana, ya que estaríamos diciendo: “A robar se dijo” puesto que la ley se convierte en un mecanismo para que los delincuentes evadan el peso de la ley y enfrenten el castigo de restringirles la libertad.

La crisis carcelaria se debe solucionar con otras alternativas y medidas, no podemos crear y agrandar un flagelo como la estafa, hurto y ataques de ácidos con el pretexto de acabar con el hacinamiento carcelario, pues estaríamos poniendo en práctica el dicho “es peor la solución que la enfermedad”.