Foto/Prensa Libre Casanare |
La Revocatoria de Mandato es un
mecanismo de participación ciudadana creada
por la Constitución política de 1991 y reglamentada por la ley 134 de
1994 donde se le otorga al ciudadano un derecho político por medio del cual pueden
dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un
alcalde.
La Ley establece que en el
formulario de solicitud de convocatoria para la revocatoria, se debe establecer
las razones que la fundamentan que pueden ser “por voto programático, actos de
corrupción, violación de derechos humanos o pérdida de legitimidad”, aprobada
la solicitud se debe cumplir con un requisito sine qua non como es la
recolección del 40% de firmas del total de votos que obtuvo el elegido.
Una vez este porcentaje de firma es
reunido y entregado a la Registradurìa Nacional, la dirección de Censo Electoral
de esta entidad procederá a su revisión, posteriormente la Registradurìa
procederá avalar las firmas entregadas por los promotores, realizar la
logística del proceso electoral y convocar a la votación para la revocatoria.
Realizada la votación se considera
revocado el mandato para gobernadores o alcaldes, al ser aprobada por un número
no inferior del 60% de los ciudadanos que asistieron a las urnas, siempre y
cuando el número de votos no sea
inferior al 60% de la votación registrada el día que se eligió el mandatario y
solo podrán participar en la votación quienes lo hayan hecho en la jornada
electoral donde se eligió al gobernador o alcalde que se pretende revocar.
La figura de Revocatoria de Mandato
es una figura novedosa, creada para que los ciudadanos tuvieran acceso a una
herramienta de control ciudadano, de garantía para el constituyente primario,
para que sus gobernantes cumplieran sus promesas de campañas y ejercieran su
mandato eficazmente.
Pero la realidad es otra, ya que el
legislador al reglamentar la figura puso una serie de obstáculos y exigencias
que hacen difícil la aplicación del mecanismo, sumado a la falta de control y
reglamentación del actuar del mandatario que se pretende revocarle su mandato,
ya que puede accionar todo el aparato estatal, los recursos a su disposición
para cohesionar al elector con dádivas o presiones para lograr promover
campañas en contra de la revocatoria y que la misma no prospere.
También es cierto que esta figura se
ha tomado como revanchismo u oportunismo político para que los detractores del
mandatario puedan iniciar un protagonismo político que le garantice una
simpatía o figuración que le vaya abriendo espacio para una eventual futura
candidatura o conseguir la atención del mandatario y recibir prebendas para que
desista de la iniciativa de revocarle su mandato.
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