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Como colombiano pido todos los días,
aunque parezca paradoja, que el presidente Duque haga un buen gobierno,
adelante políticas que permitan al país avanzar en temas trascendentales como
educación, salud, pensiones e infraestructura, permitiéndole trazar una hoja de
ruta que garantice el mejoramiento de las condiciones de vida de todos nuestros
compatriotas.
Pero infortunadamente percibo como sus
propuestas navegan a la deriva, demostrando improvisaciones que ocasionan
incertidumbre y zozobra en la clase política y el pueblo colombiano, obligando
al gobierno muchas veces a tener que rectificar o retirar dichas propuestas por
ser lesivas a nuestros conciudadanos.
Fuimos testigos de la presentación del
proyecto para reformar a la justicia, la cual buscaba crear según el presidente
“fraternidad entre el ejecutivo y las
cortes”, pero en dicha reforma el gobierno pretendía reformar la tutela, lo
que ocasionó el rechazo por parte de los presidentes de las altas cortes, organizaciones
sociales, congresistas y pueblo en general, toda vez que la tutela es el
mecanismo más idóneo con que cuentan los colombianos para hacer valer sus
derechos, por lo que el gobierno se vio obligado a modificar su propuesta por
falta de popularidad.
Así mismo, el gobierno Duque presentó
proyecto para lograr una reforma política, donde busca combatir la corrupción,
por lo que procura con esta reforma acabar con el clientelismo y la compra de
votos, pero como ya se hace costumbre el ejecutivo no logró el consenso para
apoyar su iniciativa, de allí que recibiera varias críticas y los congresistas
realizaran 62 proposiciones para modificar el texto presentado por el gobierno.
Después del revuelo político y de
opinión desatado por la propuesta del ministro de Hacienda de gravar con
impuesto de renta a los que ganen más 2,5 salarios mínimos y con el IVA a la
canasta familiar, el presidente y la bancada de su partido político plantean
disminuir el IVA del 19% al 16% con el objetivo de reactivar la economía, pero
perjudicando a la clase trabajadora la cual vería gravados más productos de la
canasta familiar.
Y aunque el presidente Duque había
asegurado la destinación de 1.1 billones de pesos para la adquisición de
armamento antiaéreo, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional, causó
gran polémica en la opinión pública, puesto que la inversión en educación y
otros sectores fue reducida por falta de presupuesto. Al final, el ministro de
Defensa en la comisión segunda del Senado descartó esta posibilidad aduciendo
falta de plata.
Del mismo modo, el ejecutivo pretendió
nombrar a la doctora Claudia Sofía Ortiz Rodríguez como directora de la Unidad
Nacional de Protección, pero debido a varios trinos de la designada, donde
denigraba de varios personajes que debía proteger desde la UNP, causó repudio y
una avalancha de críticas, por lo que el presidente se abstuvo de realizar el
nombramiento. Sin embargo, ahora la postula para presidir la Agencia de
Desarrollo Rural, aunque no cumple con el pleno de los requisitos exigidos
ocasionando nueva controversia.
Es hora que el gobierno Duque asuma la
responsabilidad histórica adquirida con el mandato del pueblo al elegirlo
presidente, no se puede seguir improvisando o exponiendo propuestas al vaivén.
Colombia requiere de decisiones congruentes, ecuánimes y acordes a las
necesidades que presenta el país, solo así lograremos una mejor nación, de lo
contrario navegaremos a la deriva sin rumbo fijo.
Posdata: Felices
473 años de historia y resistencia al abandono, olvido y desidia estatal mi
Tamalameque del alma.
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