La crisis del sistema de salud es
recurrente en todo el territorio nacional, a diario nos indignamos y repudiamos
casos donde las EPS no prestan la atención integral en salud a sus paciente,
los cuales deben recurrir a Tutelas para garantizar este derecho
constitucional, peor aún presenciamos los paseos de la muerte o pacientes que
mueren suplicando la atención médica.
El Departamento del Cesar no es
ajeno a esta crisis, aunque el problema es mayúsculo en esta zona del país,
toda vez que encontramos que la red hospitalaria publica se encuentra en una
grave crisis que amenaza con el cierre de varios Hospitales, lo que nos
conllevaría a una desatención y crisis hospitalaria sin precedentes. Parece
insólito que la Contraloría detecte fraude, contratación indebida y demás
irregularidades pero no haya sanciones o investigaciones contra los
responsables de estas anomalías.
En la actualidad los principales
centros hospitalarios del departamento, se encuentran en alto riesgo por una
grave crisis financiera y administrativa,
lo que ha conllevado a un inminente cierre de uno de los principales
Centros Hospitalarios como es el Hospital San Andrés de Chiriguana lo que se ha
traducido en un problema social y de salud en el centro del departamento.
En el Sur del Departamento la
situación no es diferente el Hospital Regional José Padilla Villafañe al cual
se le invirtió una gran suma de dinero en infraestructura también atraviesa
dificultades financieras que ponen en riesgo la atención de los habitantes de esta
zona del Departamento.
Lo que no he podido entender como
Hospitales como el de Aguachica y Tamalameque, entre otros, le realizan grandes
inversiones en infraestructura y no procuran garantizar salvarlos de la crisis
financiera que padecen, lo que los conmina hacer unos excelentes y bonitas
edificaciones pero pésimos hospitales en servicio y atención.
No es posible que en Tamalameque se
haya invertido la no despreciable suma de 1.258 millones en su adecuación y
remodelación, pero no cuente con insumos e implementos para que sus
profesionales presten un excelente servicio, le adeuden grandes sumas de dinero
a sus empleados o peor aún que la
supersalud y el ministerio estén pensando seriamente en unificarlo con otra Empresa
Social del Estado como una medida a su grave situación financiera.
En pocas palabras los Censarences
estamos condenados a que nuestro derecho constitucional a la salud sea
vulnerado diariamente por la falta de recursos y voluntad política para salvar
nuestros hospitales, por ello desde esta columna hago un llamado al gobierno
nacional, para que intervenga y garantice la prestación de los servicio en cada
hospital del departamento y a los alcaldes que entiendan las ESE son Empresas
Prestadoras de Servicio no su fortines políticos, recuerden la Paz es posible,
pero si garantizamos los derechos de cada habitante de este país y los
Cesarences tenemos derecho a nuestra salud.
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