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Nuevamente se presenta una reforma
política en el país, dentro de las iniciativas para combatir la corrupción,
donde se busca acabar con el clientelismo y la compra de votos.
El gobierno presentó un proyecto de proyecto
de acto legislativo. Sin embargo, esta encontró bastante resistencia y generó
controversia, por lo que se tuvo que hacer un gran esfuerzo para lograr el
consenso necesario que permitiera su viabilidad. Estuvo sujeta a modificaciones
sustanciales de las diferentes bancadas para no sufrir el mismo final de sus
antecesoras: el fracaso.
Lo aprobado establece la implementación
de listas cerradas y la eliminación del voto preferente para instituir el voto
por partido, lo que indica que los electores votan por los partidos más no por
personas u candidatos, esto con el propósito de fortalecer y democratizar los
partidos, acabar los gamonales electorales y erradicar la corrupción al
sufragante.
Ahora bien, ese es la “razón” de esta
propuesta, pero en la práctica trae ciertas complicaciones y dudas, puesto que
se podría estar abriendo una caja de Pandora al clientelismo y a que los
partidos elijan a los candidatos y los lugares en la lista a dedo, o a cambio
de dádivas. Si para una persona del común es difícil acceder a una lista al
Congreso en los partidos tradicionales, se imaginan ahora con esta propuesta
cómo sería, controvirtiendo con esto la razón de acabar con la corrupción, el
clientelismo y el nepotismo político.
En el mismo sentido se establecen las
listas cerradas “cremalleras”, donde se busca que en la conformación siempre
estén intercalados hombres y mujeres, para garantizar la participación política
de las féminas. Respetando a la mujer como líder pública y potenciadora del
desarrollo, creo que es una medida de papel, que no brinda relevancia a la
mujer, sino por el contrario seguirá convirtiéndola en un instrumento de
relleno para las diferentes listas. La experiencia nos indica que la Ley 1475
de 2011, donde se estableció el porcentaje del 30% de participación femenina,
no logró su objetivo, menos ahora que se pretende incrementar al 50%.Colombia
no necesita más medidas impositivas para lograr combatir la corrupción
electoral, lo que realmente necesita son acciones que condenen este actuar porque
de nada vale establecer más leyes para que siga ocurriendo lo de siempre, donde
la Fiscalía revela y denuncia a congresistas por corrupción electoral y la
justicia es permisiva con estos individuos para que sigan ejerciendo. Así mismo
es el caso de la equidad de género en la participación política, hemos entrado
en una larga discusión donde las mujeres han luchado por lograr igualdad de
género, creo demeritorio e inquisitivo que pretendan imponer su participación
como camisa de fuerza, no como el sentir y posicionamiento social y político de
la mujer.
En el caso de la unificación de periodos
donde se plantea la extensión del periodo a los actuales alcaldes y
gobernadores, me parece un despropósito legal y constitucional, toda vez que
los actuales mandatarios fueron ungidos por la voluntad popular para regir sus
destinos por un periodo preestablecido, ahora no pueden pretender cambiar su
voluntad. Por ello creo que se debe esperar a las próximas elecciones para
preguntarle al pueblo si quiere elegir mandatarios en transición por 2 años y
medio o por 6 años, para que podamos hacer posible la unificación de periodos.
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