jueves, 4 de julio de 2019

¿HASTA CUÁNDO EL DOBLE RASERO DE LOS COLOMBIANOS?

Foto: Las 2 Orillas

Debido al proceso político que se avecina he tenido que dejar mi amada y calurosa tierra, donde desde tempranas horas despunta el sol, para adentrarme en la montaña a una población con clima fresco pero nublado, desde donde sigo analizando y opinando sobre el acontecer nacional.


En los últimos días he evidenciado como nuestra patria se convierte en un país de contrastes, donde damos por sentado acontecimientos con simples pruebas o testimonios y desmeritamos o negamos otras con los mismos argumentos. Así mismo, nos convertimos en una sociedad amarillista donde prevalece el morbo.

Por medio de un video y testimonio de Marlon Marín condenamos a Jesús Santrich como narcotraficante, por lo que exigimos su extradición, condena y pérdida de beneficios otorgados por el proceso de paz, pero paradójicamente exoneramos y absolvemos a todos los involucrados en los falsos positivos a pesar de las evidencias y testimonios de militares implicados.

Mediante referendo y/o constituyente pedimos reformar la justicia, en especial revocar las altas cortes y derogar la JEP por decisiones controvertidas que van en contravía de los intereses de un sector político, como el caso de las objeciones de la Jurisdicción Especial para la Paz o la extradición de Santrich, pero criticamos iniciativas similares que buscaban acabar con la corrupción o callamos ante la decisión del beneficio de casa por cárcel a los cerebros del carrusel de la corrupción o la no extradición del máximo responsable de Agro Ingreso Seguro.

Brindamos despliegue a la grave situación social, económica y política en Venezuela, donde hacemos viral el desabastecimiento de alimentos, crisis en la salud, muerte de opositores durante marchas contra el régimen y el reiterado corte del fluido eléctrico que perjudica al país, pero nos hacemos los de la vista gorda ante los casos de desnutrición de niños en el país, muerte de pacientes por falta de atención o implementos médicos (como ocurrió en Aguachica, donde un bebé prematuro falleció por falta de incubadora), los asesinatos selectivos a líderes sociales o los atropellos de Electricaribe a los habitantes de la región caribe (quienes padecen cortes diarios del servicio de energía eléctrica).

Nos solidarizamos con los niños y niñas víctimas de asesinato, maltrato y abuso sexual y sus familias, exigiendo protección, respeto y condena ejemplar a los culpables de estos delitos atroces, pero convertimos en sensación y damos despliegue noticioso a las confesiones sobre los pormenores del sufrimiento que padecen las víctimas. Un ejemplo claro es el caso de Yuliana Samboní, donde convertimos el relato del victimario Rafael Uribe en sensación noticiosa, sin importar que la consternación de sus familiares, la revictimización y la apología al delito.

Además, exigimos un Estado social de derecho, reclamamos la defensa a la institucionalidad, demandamos la independencia de los poderes públicos, pero aplaudimos cómo el gobierno y los congresistas no respetan, critican y desaprueban las decisiones de las altas cortes, llamando a movilizaciones contra sus decisiones, desautorizando informes como el del Banco de la República que afirma que la economía del país está estancada y las cifras de crecimiento económico son malas. Si queremos un país justo y equitativo debemos medir con el mismo rasero todas las situaciones, decisiones o actuaciones que se presenten, vengan de donde vengan.

No podemos pretender que existan diferentes realidades de acuerdo al ideario político desde que lo miremos, la ilegalidad es ilegalidad, la corrupción es corrupción y el delito es delito, sin importar si es perpetrado por los de derecha, los de izquierda o los de centro

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