En los últimos tiempos hemos sido
testigos de cómo se quiere generar un Estado de opinión en Colombia. Al parecer
se pretenden adecuar las decisiones judiciales y legislativas de acuerdo al
pensamiento e ideario de ciertas vertientes políticas o personas. Los medios de
comunicación han coadyuvado a ello, toda vez que hacen tendencia noticiosa
algunas decisiones sin profundizar en su análisis y contexto.
Hemos evidenciado el despliegue que se
le ha brindado a las decisiones de la Corte Constitucional respecto a las
demandas que atacan varias disposiciones del Código de Policía por
considerarlas inconstitucionales. Ejemplo de ello es la decisión que tumba la
facultad a la autoridad de ingresar a las viviendas sin orden judicial para
desconectar cualquier aparato o dispositivo que genere ruido y que perturbe a
los vecinos. Pues bien, los medios han enfocado la noticia en ese hecho, mas no
en que existe otra medida como los comparendos para combatir esta perturbación
y que la decisión fue tomada para garantizar que el derecho a la intimidad
personal, a la familia o a la inviolabilidad del domicilio de las personas no
sean transgredidos.
De la misma manera, hemos analizado
cómo se pretende realizar una reforma constitucional encaminada a instaurar la
doble instancia en Colombia, aunque este derecho procesal ya se encuentra
establecido desde el 2018 con la aprobación del Acto Legislativo No. 01, por
medio del cual se implementó el derecho a la doble instancia y a impugnar la
primera sentencia condenatoria, demostrando con ello que esta nueva iniciativa
solo pretende y desea legislar en beneficio particular y de manera específica
para favorecer a cierta personalidad, creando un antecedente nefasto y un caos
jurídico que beneficiaría a condenados por el proceso 8.000, parapolítica,
yidispolítica, entre otros, lo que violaría el principio de seguridad jurídica
e irretroactividad de la ley.
Así mismo, somos testigos del
despliegue publicitario, político y noticioso para que la cadena perpetua para
violadores de niños y niñas sea instituida, medida que como padre de familia
todos apoyaríamos, más con el incremento de abusos, violaciones y muertes
contra nuestros niños. Sin embargo, a pesar del calvario que están padeciendo
nuestros infantes, debemos analizar que medidas como estas contrarían los
tratados internacionales sobre derechos humanos, como el pacto de derechos
civiles y políticos, además de reconocer la impotencia, incapacidad e
ineficiencia del Estado en la protección de nuestros niños. Por consiguiente,
se debería imponer cadena perpetua a todos las personas que cometan delitos que
imposibiliten y nieguen el derecho de nuestros niños a la salud, educación y
alimentación, puesto que atentan también contra su integridad y vida.
Es valedero legislar y realizar
reformas en pro de la defensa de los intereses de nuestros niños, donde se
combata la criminalidad y la corrupción, se garanticen los derechos y
libertades de los ciudadanos y sobre todo, el Estado social de derecho. Es de
vital importancia asegurar que estas reformas y leyes no vayan en contravía de
la constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia. Hay
que buscar la progresividad, más no la regresividad de nuestra legislación y
que prevalezca el interés general sobre el particular. Solo así podremos
edificar las bases sólidas para la construcción de un mejor país, en paz, justo
y equitativo.
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