El Artículo 1 de nuestra Constitución
Política reza que Colombia es un estado social de derecho, lo que nos plantea
la búsqueda de la convivencia a partir del respeto y garantía de los derechos
humanos.
Pero a pesar de esta disposición constitucional
la realidad es otra. Encontremos que en el país desde el 9 de octubre los
empleados de la rama judicial se encuentran en paro, debido al incumplimiento
del gobierno nacional en la nivelación salarial, la mejora en las condiciones
laborales y las denuncias sobre la burocracia existente en la fiscalía general
de la nación.
Debido a esta parálisis encontramos
que más de 30 mil procesos se encuentran estancados, que más de 3 mil
audiencias no se han podido realizar, lo que conlleva a la vulneración de
derechos fundamentales a muchas personas que esperan que la justicia les defina
su situación, circunstancias que preocupan y se dificulta cada día más si
analizamos que se acerca el mes de diciembre y la rama judicial entrara en su
famosa vacancia judicial.
Es injusto que se presente ésta situación
en un estado de derecho, pues se establece que el estado está sujeto al
derecho, toda vez que es un gobierno de leyes, que no gobiernan los individuos,
sino que se está bajo la directriz de las normas del estado, pero que directriz
pueden establecer las normas si los
responsables de hacerlas valer, respetar y garantizar se encuentran en un cese
indefinido de actividades.
En nuestro país todos los habitantes
soñamos y demandamos alcanzar la tan anhelada paz, debido a esto, decidimos
renovar la confianza en el gobierno del presidente Santos, a diario exigimos el
cese de las acciones armadas y la construcción de una sociedad en paz que nos
garantice un mejor futuro para las nuevas generaciones. Pero es insólito y
absurdo pensar en un país en paz y armonía sino contamos con un sistema de
justicia transparente, consolidado, firme y en pleno funcionamiento; debemos
tener claro que la justicia es el mecanismo que nos permitirá resolver nuestros
conflictos y reparar a las víctimas de más de 50 años de guerra injusta; por
ello se convierte en la pieza indispensable
e imprescindible para que gocemos de un país lleno de desarrollo,
progreso, mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y podamos
convivir en paz.
Por ello se hace necesario que el
gobierno nacional y nuestros queridos congresistas tomen cartas en el asunto y
mancomunadamente con las altas cortes, fiscalía, procuraduría, la rama
judicial, las facultades y los profesionales de derechos trabajen en una
verdadera reforma a la justicia que nos garantice un verdadero pacto nacional
por la justicia que permita la modernización de los procesos judiciales, la
descongestión de procesos y la contratación de más jueces que acaben con la
escases de estos en más de 350 municipios del país.
Buen punto de vista.
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