En el mágico mundo ideado por Gabriel
García Márquez “Macondo”
existe una población antiquísima, denominada San Miguel de las Palmas, donde
cada 4 años cuando se realizan los cambios de administración, escuchamos que es
un municipio inviable, que se encuentra en banca rota, que sus finanzas son
precarias y las deudas lo están ahogando.
Lo paradójico de la situación es que
evidenciamos que en épocas de campaña electoral encontramos un cúmulo de
personas disputándose la dignidad de ser su burgomaestre, de regir los destinos
de la municipalidad y más preocupante aun exponiendo programas de gobierno con
los cuales aseguran tener la solución para sacar al municipio de la debacle
administrativa, social y financiera que padece, pero como por arte de magia al
ser elegidos endilgan a su antecesor la grave crisis y las propuestas expuestas
en campaña pasan hacer letra muerta.
Es cierto que el ente territorial está
catalogado en la 6 categoría, lo que representa que sus mayores ingresos
provienen del Sistema General de Participación, que sus ingresos propios son
paupérrimos y acarrea una deuda por conceptos de derechos y demandas laborales
que superan sus ingresos propios y de funcionamiento, por consiguiente no
cuenta con los recursos suficientes para garantizar el pago de la nómina de
empleados y pensionados, el pago de prestaciones sociales y mucho menos el giro
que por ley se destina al honorable concejo y la personería municipal.
Pero también es cierto que el gobierno
nacional mediante la ley 550 de 1.999 brinda la oportunidad a los entes
territoriales de adelantar un Acuerdo de reestructuración de pasivos para
asegurar la prestación de servicios esenciales, garantizar el cumplimiento de
las competencias constitucionales y legales, restablecer la solidez de la
estructura financiera y administrativa y garantizar el cumplimiento de pago de
los derechos laborales a cargo de los municipios entre otras, por lo que se
vislumbra una solución a la problemática y precaria situación financiera que
aqueja al ente territorial.
Lastimosamente los gobernantes que en
campañas prometen y aseguran que la única solución para la crisis es acogerse a
la Ley 550, lo que demuestra que tienen conocimiento de su existencia, al ser
electos olvidan esta salida viable de la grave crisis financiera que padece su
municipio y por el contrario elevan los contratos de prestación de
servicios y no realizan las gestiones necesarias para que el ente se
acoja a esta ley, agudizando cada vez más el problema y contribuyendo a la
muerte financiera de su municipio, convirtiéndolo en un ente inviable.
Todo esto se debe a la gran cantidad
de dinero que debió invertir el burgomaestre para su elección, lo que le deja
un legado de compromisos burocráticos y económicos que debe cumplir para
satisfacer todo el apoyo político y económico que le permitió ser electo alcalde
de su municipio, lo que lo conlleva hacerse el de la vista gorda y no tener en
cuenta la reestructuración de pasivos de su municipio como la salida a la
crisis.
Desafortunadamente
las finanzas de San Miguel de las Palmas no resisten más, es un municipio
moribundo, que se encuentra en cuidados intensivos, que su única solución
es acogerse a la Ley 550 o lo condenamos a una muerte evidente, con la mirada
cómplice de todos sus habitantes.
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