El
caso de los sobornos y coimas pagadas por la multinacional Odebrecht, para
lograr acceder a los grandes contratos de la nación y los posibles aportes a
las campañas presidenciales, han causado revuelo político, judicial y en la
opinión pública nacional, permitiendo reafirmar como los tentáculos de la
corrupción han infiltrados las altas esferas del país.
El
acontecer diario de la nación se ha visto sorprendido, al conocer las grandes
sumas de dinero que esta empresa ha tenido que pagar a políticos e
intermediarios, para obtener la ejecución de mega obras con multimillonarias
inversiones y que generan jugosos dividendos para ellos.
La
historia de entrega de coimas y sobornos en Colombia para la adjudicación de
contratos no es una práctica nueva, es una artimaña que se viene ejecutando
hace bastante tiempo, a tal punto, que en los corrillos políticos y de las
entidades públicas se afirme que el pago del 10% por contratos adjudicados solo
le falta ser refrendado por una Ley de la República, pero que es de común y
obligatorio uso y aplicación.
Es
por ello, que en los entes territoriales, encontramos como la inmensa mayoría
de licitaciones se adjudican con un solo proponente, se aprovecha las
prerrogativas legales otorgadas a las ONGs y fundaciones para adjudicar de
forma directa o como los grandes aportantes a las campañas de gobernadores y
alcaldes son los principales y mayores contratistas dentro del cuatrienio del
gobernante.
En
la gran mayoría de municipios, podremos encontrar gran cantidad de obras
inconclusas, de contratos con elevados costos, monopolios en la contratación,
acomodo de los pliegos de condiciones, licitaciones con único proponente y
hasta adjudicaciones a dedo, que no han tenido gran resonancia y publicidad por
la complicidad de los mismos entes de control territoriales, que en muchos
casos se convierten en cómplices y organismos legalizadores de los procesos de
contratación que van en contravía de la legislación.
Por
eso, creo necesario que aprovechemos el escándalo desatado por los sobornos de
Odebrecht, para que pongamos en práctica políticas efectivas de lucha contra la
corrupción, la combatamos y erradiquemos de raíz, desde los entes
territoriales, donde muchos gobernadores y alcaldes administran sin ningún
control, dilapidando el erario, invirtiendo de acuerdo a sus caprichos,
olvidándose de las necesidades colectivas de su comunidad.
Es
una verdad a gritos, que muchos personajes se hacen elegir gobernadores o
alcaldes, como trampolín para ascender y realizar una carrera política que le
permita tener la posibilidad de aspirar al congreso o altos puestos del nivel
nacional, pero para ello requieren aprovechar su gobierno en los entes
territoriales para amasar grandes fortunas y un musculo político que le
facilite su cometido.
Siendo
los municipios o departamentos los más perjudicados con este proceder, puesto
que las necesidades insatisfechas no son solucionadas, sus finanzas son
saqueadas, el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de sus
habitantes quedan estancadas, cohibiendo que el progreso y desarrollo llegue a
sus comunidades.
Para evitar que estos corruptos lleguen a las altas esferas del estado,
necesitamos combatirlos desde su génesis, realizando un seguimiento y control a
la contratación en municipios y departamentos, judicializando a funcionarios
corruptos, garantizando un buen manejo administrativo y financiero, de lo
contrario estaremos condenados a que muchos casos como los de Odebrecht sigan repitiéndose
a través de la historia.
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